TOLUCA, Edomex (ESHJC-EPAJC).- La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México mostrará a más tardar la próxima semana, una iniciativa de
reformas para hacer precisiones en algunos artículos de la Ley que regula el
uso de la fuerza pública o promoverá una acción de inconstitucionalidad de
artículos específicos, puntualizó el ombudsman Baruch Delgado Carbajal.
Enfatizó la necesidad de contar con una ley en la materia, pues existen
organismos internacionales que lo señalan, aclarando que no todo el contenido
de la aprobada por la LIX Legislatura local está mal, pero puede ser insuficiente,
a fin de delimitar alcances sobre todo en el tema del uso de armas, esto para
garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.
Durante la reunión con la secretaria general del Partido de
la Revolución Democrática en la entidad, Ana Yuriki Leyva Piñón; el presidente
del Consejo Estatal de dicho partido, Anselmo García; el legislador federal
Tomás Octaviano Félix, entre otros militantes del PRD, explicó que la Comisión
no dio el aval formal sobre la ley, porque el proceso legislativo mexiquense no
indica que debe existir una consulta constitucional, asegurando que será en el
transcurso de la próxima semana cuando la Codhem emita un planteamiento al
respecto, luego de un análisis detallado de los artículos contenidos.
Dijo el ombudsman, que la Comisión está en el ánimo de colaborar para
mejorar el marco jurídico y que sea apegado a los principios que rigen el
respeto a la dignidad y los derechos humanos.
Reiteró que se deben hacer precisiones en ciertos artículos sobre el uso
excepcional de la fuerza pública, no sólo respecto a las manifestaciones sino
en la reglamentación y aplicación de la ley en casos como los centros de
prevención y readaptación social, cumplimiento de órdenes de aprehensión,
detenciones en flagrancia, eventos que por su naturaleza o actividad del hombre
requieren cierta seguridad o desastres naturales. Asimismo se debe detallar
respecto al principio de proporcionalidad en el tema.
Delgado Carbajal indicó que como se estableció en la nueva normatividad,
el organismo defensor atiende las solicitudes del Partido Acción Nacional (PAN),
Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido de la Revolución Democrática
para revisar la ley que regula el uso de la fuerza pública.
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